El pasado 17 de marzo, el TS ordenó al Gobierno, a petición de los demandantes, que entregara toda la documentación posible sobre las alegaciones que se formalizaron antes de que se aprobara la normativa de autoconsumo, con el famoso âimpuesto al solâ. El Gobierno en funciones tenía 20 días hábiles para entregar estos documentos. Han pasado más de dos meses y el Supremo, harto de la negativa, ha vuelto a llamar la atención a la Abogacía para que entregue todos los informes. La estrategia del Gobierno es clara, retrasar todo lo máximo posible.
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